La empresa pública representa una figura estratégica dentro de la estructura económica y social de un país. A diferencia de la empresa privada, su objetivo no se centra exclusivamente en la rentabilidad financiera, sino en ofrecer bienes y servicios esenciales a la ciudadanía, promover la equidad social y contribuir al desarrollo nacional. En este sentido, las empresas públicas tienen un rol fundamental a la hora de construir tejido social, infraestructura, soberanía económica y bienestar colectivo.
Estas organizaciones actúan en sectores clave como energía, transporte, comunicaciones, agua, salud, educación e infraestructuras, posicionándose como agentes de transformación que intervienen allí donde el mercado privado no llega o no resulta rentable intervenir. Su función, por tanto, no solo es económica, sino también política, social y territorial.
Origen y evolución de las empresas públicas
Las empresas públicas surgen principalmente como respuesta a la necesidad del Estado de construir estructuras que garanticen servicios básicos a toda la población, especialmente en contextos de desigualdad o exclusión. En muchos países, estas entidades fueron creadas en el siglo XX para nacionalizar recursos estratégicos, fomentar la industrialización y asegurar el acceso equitativo a bienes comunes.
Con el paso del tiempo, el rol de las empresas públicas ha evolucionado. Hoy se les exige mayor eficiencia, transparencia y capacidad de innovación, al tiempo que se mantienen los principios de servicio público, universalidad y sostenibilidad. La modernización de la gestión pública ha llevado a muchas de estas empresas a operar bajo estándares similares a los del sector privado, sin perder su orientación social.
Construir desarrollo desde el Estado
Una de las funciones centrales de la empresa pública es construir condiciones para el desarrollo inclusivo. Esto se logra mediante inversiones estratégicas que no necesariamente responden a la lógica del mercado, sino a necesidades colectivas. Por ejemplo, llevar energía eléctrica a comunidades aisladas, garantizar transporte asequible, o desplegar redes de agua potable en zonas rurales.
Estas acciones generan impactos profundos, ya que permiten la integración territorial, fomentan la actividad productiva y reducen brechas sociales. En muchos casos, las empresas públicas han sido las responsables de construir las infraestructuras que hoy permiten el funcionamiento básico de las ciudades y regiones.
También son clave para promover la transición energética, impulsar la digitalización y apoyar políticas de empleo y formación técnica. Así, el Estado, a través de sus empresas, no solo presta servicios, sino que también orienta el modelo de desarrollo hacia objetivos de largo plazo.
Gobernanza y transparencia en la gestión pública
El desafío de construir empresas públicas modernas y eficientes implica adoptar mecanismos de gobernanza sólidos. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son elementos esenciales para garantizar una gestión responsable.
Muchos gobiernos han implementado reformas para profesionalizar la administración de estas empresas, separando la gestión técnica de las influencias políticas. La designación de directivos por méritos, la auditoría externa y la evaluación de desempeño permiten asegurar que estas organizaciones cumplan su misión con eficiencia y ética.
Al mismo tiempo, la empresa pública debe construir confianza con la ciudadanía, mostrando de manera clara cómo y por qué se toman decisiones, y qué resultados se obtienen con el uso de recursos públicos.
La empresa pública como actor económico clave
En numerosos países, las empresas públicas representan una parte significativa del PIB y del empleo nacional. Son protagonistas en sectores estratégicos como el petróleo, la electricidad, el gas, las telecomunicaciones y el transporte ferroviario o aéreo. Su presencia permite al Estado tener herramientas para construir soberanía económica y regular mercados que podrían ser propensos a monopolios o abusos si quedaran en manos exclusivamente privadas.
Estas empresas, además, suelen participar en grandes obras de infraestructura, colaborando con el desarrollo urbano, la conectividad y la movilidad. También pueden convertirse en vehículos para promover la innovación, apoyar a pequeñas y medianas empresas, o fomentar industrias nacientes.
En contextos de crisis, la empresa pública actúa como amortiguador social, garantizando servicios esenciales incluso cuando la economía atraviesa dificultades. Este papel contracíclico es fundamental para construir resiliencia y estabilidad.
Cooperación entre sector público y privado
Lejos de ser excluyentes, el sector público y el sector privado pueden trabajar en conjunto para construir soluciones compartidas. Las alianzas público-privadas permiten sumar capacidades, compartir riesgos y acelerar el desarrollo de proyectos de gran escala.
Estas colaboraciones, sin embargo, deben estar reguladas de manera clara y equilibrada, de modo que el interés público no se vea comprometido. La empresa pública puede liderar o coordinar este tipo de iniciativas, aprovechando su experiencia técnica, su legitimidad institucional y su cercanía con las prioridades del Estado.
A través de modelos de cogestión, concesiones o consorcios, es posible construir infraestructuras complejas que beneficien a millones de personas, sin que el Estado pierda el control estratégico de sectores clave.